WASHINGTON — The return of the Migrant Protection Protocols, or “Remain in Mexico” policy as announced this week by the Governments of the United States and Mexico will exacerbate, rather than alleviate, the region’s humanitarian challenges.
Remain in Mexico, first implemented in 2019, requires that people who reach the U.S.-Mexico border seeking asylum wait in makeshift and unsafe settlements in Mexico while their cases proceed in U.S. courts. Its reinstatement shows that once again, the United States’ policies are out of step with the reality that migrants, displaced people, and asylum seekers experience. The same day that the reinstatement of Remain in Mexico was announced, the United Nations’ Refugee Agency, UNHCR, highlighted the unprecedented situation that the Americas face, and pled for more comprehensive, structural solutions to protect and alleviate suffering for displaced populations, asylum seekers, refugees and returnees.
CARE recognizes that the Biden administration has made efforts to end the program and that the Government of Mexico has interceded to ensure improved humanitarian conditions for those forced to wait. However, no amount of patchwork “protections can remedy a policy that fundamentally denies people their rights to seek asylum in a third country and non-refoulement. Unfortunately, the new version of the policy is poised to affect more people than the original as any eligible national of a Western Hemisphere country may be returned to Mexico, in addition to the Central American nationals that were previously impacted. As Maite Matheu, CARE’s Honduras Country Director notes, “The communities and families we work with in Honduras are dealing with unprecedented stress — they’re facing increasing rates of gender-based violence, the effects of Covid-19, and growing food insecurity. These are issues that require structural solutions to fix”
The evidence demonstrates clearly the urgency of the situation the region faces. Between 2020 and 2021, the number of people in need of humanitarian assistance in the Northern Triangle alone rose 60% following hurricanes Eta and Iota, representing 25% of the total population of the region, or about 8.3 million people. Despite this, the humanitarian response plan for the Northern Triangle has received only 11% of the funds it needs for humanitarian response.
Instead of amplifying the effects of such a dangerous program, CARE urges the United States, Mexico, and all partners throughout the region to work together to realize innovative, rights-based solutions to the causes of migration and displacement. More immediately, there are also steps the Biden administration could take today to support migrant, displaced, and asylum-seeking populations’ rights to movement and dignity, such as repealing Title 42, guaranteeing TPS for Central Americans and funding the appeals for emergency response throughout the region. Combined, these long-term and immediate solutions are the only way to effectively meet and alleviate the needs of the 28 million people in the Western Hemisphere who currently require humanitarian assistance.
For More Information:
Rachel Kent
Senior Press Officer
Rachel.Kent@care.org
CARE: EL RESTABLECIMIENTO DE “QUEDATE EN MÉXICO” EMPEORARÁ LOS DESAFÍOS HUMANITARIOS EN LAS AMÉRICAS
WASHINGTON — El regreso de los Protocolos de Protección al Migrante, o “Quédate en México,” tal como lo anunciaron esta semana los gobiernos de Estados Unidos y México, exacerbará, en lugar de aliviar, los desafíos humanitarios de la región.
Quédate en México, implementada por primera vez en 2019, requiere que las personas que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México en busca de asilo esperen en asentamientos improvisados e inseguros en México mientras sus casos son atendidos en los tribunales estadounidenses. El restablecimiento del programa demuestra que, una vez más, las políticas de Estados Unidos no se ajustan a la realidad que viven los migrantes, desplazados y solicitantes de asilo. El mismo día que se anunció la reapertura de Quédate en México, la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR, destacó la situación insoportable a la que se enfrenta el continente americano, y abogó por soluciones más integrales y estructurales para proteger y aliviar el sufrimiento de las poblaciones desplazadas, los solicitantes de asilo, los refugiados y los retornados.
CARE reconoce que el gobierno de Biden ha hecho esfuerzos para poner fin al programa y que el gobierno de México ha intercedido para garantizar la mejoría de las condiciones humanitarias de los que se ven obligados a esperar. Sin embargo, ninguna cantidad de “protecciones” parciales puede remediar una política que fundamentalmente niega a las personas sus derechos a buscar asilo en un tercer país y el principio a no devolución. Desafortunadamente, la nueva versión de la política está destinada para afectar a más personas que la original, ya que cualquier nacional elegible de un país del hemisferio occidental puede ser devuelto a México, además de los nacionales centroamericanos que fueron afectados anteriormente. Como señala Maite Matheu Directora de País de CARE Honduras, “Las comunidades y familias con las que trabajamos están lidiando con un estrés sin precedentes. Ellos están enfrentando las crecientes tasas de violencia de género, los efectos de Covid-19 y la creciente inseguridad alimentaria, hay tantos problemas que abordar que se requiere soluciones estructurales.”
La urgencia de la situación es clara y demostrada por la evidencia – desde 2020 a 2021 el número de personas con necesidades humanitarias en solo el Triángulo del Norte creció por 60% después de los huracanes Eta y Iota, y hoy representa 25% de la población regional, u 8,3 millones de personas. A pesar de esto, el plan humanitario para el Triángulo del Norte ha recibido solo 11% de los fondos necesarios para la respuesta humanitaria.
En lugar de amplificar los efectos de un programa tan peligroso, CARE urge a los Estados Unidos, a México y a todos los socios de la región, a trabajar juntos para realizar soluciones innovadoras y basadas en los derechos de los migrantes y desplazados. De manera más inmediata, también hay medidas que la administración Biden podría tomar hoy para apoyar el derecho de movimiento y dignidad de las poblaciones migrantes, desplazadas y solicitantes de asilo, como derogar el Título 42, garantizar el TPS para los centroamericanos y financiar los llamamientos para las respuestas de emergencias en toda la región. Combinadas, estas soluciones inmediatas y a largo plazo son la única manera de satisfacer y aliviar eficazmente las necesidades de los 28 millones de personas en el hemisferio occidental que actualmente requieren asistencia humanitaria.